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Contratos anteriores a la ley de arrendamientos urbanos de 1994

Contratos antes y después de la Ley de arrendamientos urbanos

La Ley de Arrendamientos Urbanos considera arrendamiento de vivienda aquel que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

Debe tenerse en cuenta, a la hora de saber cuáles son las obligaciones de arrendador y arrendatario que la finca arrendada se destine primordial a vivienda permanente, puesto que cuando la finca se destina a un uso distinto como es el caso de los arrendamientos de local de negocio o de temporada la regulación es distinta.

La misma regulación que el arrendamiento de vivienda se aplicará al mobiliario, trasteros, plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador.La regulación aplicable a los contratos de arrendamientos de vivienda será de forma imperativa, según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, la establecida en los Títulos I, II,IV y V. Salvo que la ley expresamente lo autorice, serán nulas y se tendrán por no puestas todas las estipulaciones que modifiquen, en perjuicio del arrendatario o subarrendatario, las normas del Título II que regulan expresamente los arrendamientos de vivienda en el que se fija los derecho y obligaciones de las partes.

Contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985:

Los contratos de arrendamientos de vivienda que subsistan a la fecha de entrada en vigor de la ley continuarán rigiéndose por las normas del Real Decreto Ley 2/1985 y por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

No obstante, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1994 la prórroga forzosa se producirá por tres años.

Contratos celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985:

Estos contratos continúan rigiéndose por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 salvo en algunas modificaciones que introduce la Ley de 1995. Estos contratos son los conocidos comúnmente como de renta antigua.

El arrendador podrá actualizar la renta de estos contratos. No obstante, aquellos arrendatarios que tengan unos niveles de renta inferiores a los límites establecidos en la ley no tendrán obligación de pagar la actualización, siempre que comunique esta circunstancia de forma fehaciente al arrendador en el plazo de treinta días desde la recepción de la comunicación. Esta plazo es obligatorio puesto que si no se lleva a cabo el pago de la actualización será obligatorio.

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